Este jueves, con el pedido de absolución de los ocho rugbistas imputados por parte de la defensa, terminaron los alegatos del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Mientras que el miércoles los fiscales y la querella pidieron que los acusados reciban la pena máxima de prisión, el abogado defensor solicitó ante el Tribunal que los rugbistas queden libres ya que, según él, “el hecho no está probado”. Ahora, solo resta esperar la palabra final de los jueces quienes leerán la sentencia el próximo 6 de febrero.

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Luego de dos jornadas donde se vivieron momentos de mucha tensión como los cruces de los abogados Tomei y Burlando o el llanto de los imputados, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores finalmente decidió que darán a conocer la sentencia el lunes 6 de febrero, no el 31 de enero, tal como estaba previsto en un primer momento.

Culminados los alegatos, donde cada parte -acusatoria y defensa- presentaron sus pedidos de condena y sus respectivos fundamentos, la decisión ahora está en manos de los jueces María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari.

Posibles condenas para los rugbistas

La causa por la muerte de Fernando Báez Sosa está bajo la caratula de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas". ¿Pero cuántos años de cárcel podrían recibir los rugbistas si son condenados?

1. Homicidio en riña. A diferencia de la prisión perpetua, este tipo de delito tiene una pena de cárcel que va de dos a seis años, por lo que, en caso de ser condenados bajo esta carátula, los rugbiers podrían salir en prisión en pocos años.

2. En cuanto al homicidio preterintencional, que es cuando el agresor actúa con la intención de causar un daño en el cuerpo o en la salud, con un medio idóneo para ello, pero finalmente provoca la muerte de la persona, la pena de prisión va de tres a seis años.

3. En cuanto al último escenario planteado por Tomei, un homicidio simple con dolo eventual, la pena es mayor, porque va de 8 a 25 años de prisión.

4. Aún así, ninguna de las condenas pedidas se compara con la prisión perpetua solicitada por el particular damnificado y la fiscalía, que prevé una pena de 35 años, tal como establece el Código Penal.